jueves, 15 de febrero de 2007

Vivienda pública en alquiler: ¡por fin una prioridad!

Hoy, según publica el diario “El País”, la ministra Trujillo ha anunciado que en el próximo plan de vivienda 2009-2012 prácticamente desaparecerá la vivienda de protección oficial destinada a la venta para apostar decididamente por la vivienda pública en alquiler. Personalmente me parece un gran acierto. En post anteriores comentaba como en España existe un déficit respecto a otros países de Europa en este tipo de viviendas, y como para determinados colectivos como jóvenes y personas mayores, es una solución óptima y que facilita tanto el acceso a precios razonables a los servicios de vivienda como la movilidad y la prestación de otros servicios complementarios. Pero además la venta de vivienda pública genera problemas de corrupción, sobreprecios, dinero negro y transmisiones fraudulentas. Por lo que, al final, todos los años el ministerio de la vivienda emplea enormes cantidades de recursos en la promoción de vivienda a precios inferiores a los del mercado que en buena medida acaban en manos inadecuadas. Sin embargo la construcción de un parque de vivienda pública en alquiler permite al Estado mantener el control de dichos recursos y destinar en cada momento las viviendas a aquellos ciudadanos más necesitados, estabilizando el mercado de alquileres de una forma mucho más duradera. Lo dicho, un acierto, sólo espero que en un país tan aficionado a la compra se entienda y que al final no pase como la anunciada reducción de las deducciones fiscales a la compra de vivienda que, siendo absolutamente imprescindible para moderar los precios, se desestimo por impopular, aunque los auténticos destinatarios de las deducciones sean, en realidad, los promotores.

sábado, 10 de febrero de 2007

El papel del Estado: de instrumento a catalizador de la cooperación


Tradicionalmente los economistas hemos justificado al Estado como el único instrumento capaz de conseguir soluciones cooperativas a problemas económicos y sociales que de otra manera no tendrían solución. La teoría de los fallos del mercado legitima la intervención del Estado en la economía restringiendo la libertad de los individuos a partir de la constatación de que, en determinadas situaciones, solamente los procesos de cooperación obligatoria a los que da lugar el Estado son eficaces para encontrar soluciones a necesidades sociales que en un contexto de libertad y competencia propio del mercado no encontrarían respuesta.

Esto ha llevado posiblemente a que, siempre que se a puesto en evidencia una respuesta insuficiente del mercado ante determinados problemas, el Estado haya intervenido interiorizando, organizando y financiando procesos y soluciones. Sin embargo las soluciones cooperativas no siempre han de ser incluidas necesariamente dentro de la estructura u organización estatal. Hace mucho que los economistas estamos familiarizados con distintas formas de intervención pública que van desde la producción directa de bienes y servicios a formulas más “externas” como la provisión o la regulación. Sin embargo todas ellas implican una importante dosis de obligatoriedad o el empleo de recursos públicos.

Mi intención en este post es llamar la atención sobre el papel del Estado como catalizador de la cooperación entre particulares, pero manteniendo dicha cooperación en el ámbito estrictamente privado y sin someterla necesariamente a su capacidad coactiva. De forma creciente observamos un nuevo papel del Estado en este sentido. Así por ejemplo cuando promueve la creación de clusters de empresas, de asociaciones de consumidores, etc. Un ejemplo de esto, que me impulso a intentar sistematizar mínimamente esta cuestión, lo oí en una comida reciente de labios de Alberto Ortiz de Zárate, jefe (de proyectos) de la oficina para la modernización de la administración del gobierno vasco. Alberto nos comentó como en el colegio de su barrio, durante las tardes, se habían empezado a reunir un nutrido grupo de inmigrantes de origen, si no recuerdo mal, ecuatoriano. Allí habían encontrado un espacio en el que jugar al voley, charlar o simplemente rodearse de compatriotas en un país que, al menos de momento, no es aún el suyo. El problema era que habían desplazado a los vecinos en el uso de las instalaciones y esto empezaba a generar problemas. El gobierno vasco optó por la mediación, más que por la imposición de algún tipo de solución, aunque, eso sí, siempre bajo la amenaza de una intervención pública final en caso de que fuesen capaces de resolver el problema dialogadamente. El resultado final fue que vecinos y ecuatorianos acordaron un plan de usos y horarios a satisfacción de todo el mundo. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero sirve para ilustrar como el Estado tiene capacidad para provocar nuevas formas de cooperación sin necesidad de interiorizar y burocratizar los procesos, y sin necesidad de aplicar siempre su capacidad coactiva, aunque, en este caso, el riesgo de una intervención pública, como el cierre del colegio por las tardes, sirviese de acicate a los agentes privados.

miércoles, 7 de febrero de 2007

Polémicas fiscales: el impuesto de sucesiones

Decía José Borrel que cuando hablamos de impuestos hablamos de política con mayúsculas, y el debate en torno a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un buen ejemplo de ello. Pocas cosas como el sistema fiscal propuesto definen sin ambigüedades la postura de un partido con respecto a cuestiones marcadamente políticas, tales como el papel de la iniciativa privada en la generación de la riqueza, o la idea de “equidad social” conforme a la cual se ha de llevar a cabo la distribución de la renta.

En los últimos meses el PP asturiano ha defendido públicamente la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), en línea con las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas en las que gobierna. Por el contrario el PSOE ha rechazado la eliminación del impuesto y ha optado por el establecimiento de determinadas bonificaciones y reducciones que mitiguen sus supuestos más gravosos. Así por ejemplo las herencias recibidas por descendientes menores de 21 años, las inferiores a 125.000 euros, la herencia de la vivienda habitual o de empresas individuales y negocios profesionales cuyo valor no exceda de 3 millones de euros quedan prácticamente exentas del impuesto.

Es mi intención hacer algunas valoraciones acerca de la conveniencia de mantener el ISD. Sin embargo me resisto a caer en la trampa que supone discutir la eliminación de un impuesto aisladamente, sin situarla en el contexto general de la discusión sobre política fiscal.

En primer lugar porque todo impuesto resulta, por principio, impopular, por lo que proponer su eliminación sin explicar cómo se compensará la perdida de recaudación sufrida, además de ventajista, asegura un cierto grado de simpatía de ante mano.

Pero sobre todo porque el PP ha ocultado en los últimos años, bajo un discurso que en apariencia defiende una bajada general de impuestos como forma de estimular el desarrollo económico, un aumento de la presión fiscal y un ataque en toda regla a aquellos impuestos de naturaleza más redistributiva. Desde 1996 se han esforzado en hacernos creer que es bueno bajar los impuestos, y que estos son, por definición, perjudiciales para la economía. Argumento éste al que, lamentablemente, parece haber arrastrado a una buena parte de una clase política con poca vocación para la pedagogía. Sin embargo este mensaje dista mucho de la realidad de sus actuaciones, pues, de hecho, durante los años de gobierno popular, y de acuerdo con la OCDE, la presión fiscal aumentó en España del 31,5% del PIB en 1996 al 35,1% en 2004.

La conclusión no puede ser otra que el PP no es en realidad partidario de bajar los impuestos, sino tan sólo algunos. Cuáles y porqué es realmente la pregunta. Si acudimos de nuevo a las estadísticas veremos que en el período 1996-2004, el PP se ha esforzado especialmente en reducir el peso relativo del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tras dos reformas sucesivas ha pasado de recaudar el 7,2% al 6,2% del PIB, mientras que el peso de los demás impuestos principales aumenta considerablemente, pasando por ejemplo el IVA de recaudar el 5,1% al 6,1% del PIB.

Traduciendo dicha opción al lenguaje político podemos decir que el PP ha optado por trasvasar parte de la carga fiscal de impuestos con un carácter redistributivo, en los que la cuantía pagada se incrementa progresivamente en función de la renta, hacia otros en los que los tipos de gravamen no están condicionados por el nivel de recursos de los contribuyentes. Es en este contexto en el que debemos valorar la propuesta de eliminación del otro impuesto claramente redistributivo que existe, el impuesto de sucesiones y donaciones. Pues de esta forma los populares perseveran en el doble objetivo de escenificar por un lado una postura falsamente favorable a la rebaja de impuestos, mientras siguen procurando alcanzar un sistema fiscal cada vez menos progresivo.

Para ello han utilizado además algunos argumentos que quizás puedan confundir a buena parte de la ciudadanía, pero de muy escaso rigor. Así se ha argumentado que el ISD genera “doble imposición”. Pero en realidad doble imposición supone gravar dos veces a una misma persona por una misma razón. Es evidente que en el caso del impuesto de sucesiones fallecido y heredero son personas distintas, como lo es también el origen de las rentas por las que tributan, por lo que difícilmente podemos hablar de doble imposición. Si renunciamos a un mínimo rigor y optamos por planteamientos más “ligeros” entonces deberíamos hablar también de doble imposición en todos los demás impuestos existentes, incluso de una manera más rotunda. Así por ejemplo, y siempre de acuerdo con dicho argumento, el IRPF, el IVA o el impuesto sobre el patrimonio darían lugar a doble imposición, pues una misma persona paga impuestos por la renta que gana, vuelve a pagar cuando la emplea en su consumo y también cuando el excedente acumulado conforma un patrimonio o produce un rendimiento.

Otros inconvenientes argumentados, tales como las dificultades generadas por el impuesto a la hora del relevo generacional en las pequeñas empresas familiares, o el gravamen de la vivienda habitual, han quedado solucionados con las bonificaciones y reducciones introducidas en nuestra comunidad y ya comentadas. Mientras que el argumento de la competencia fiscal entre Comunidades, en realidad, donde debería llevarnos, es a considerar la posibilidad de retirar las competencias normativas sobre el ISD a las Comunidades Autónomas. Por lo que para terminar, en vez de continuar contraargumentando razonamientos ajenos, me parece más interesante plantear algunas preguntas. ¿Qué idea de justicia social puede justificar que una persona que no haya trabajado en su vida pueda recibir una herencia de 10 ó 100 millones de euros sin tener que pagar impuestos por ello, mientras que un trabajador de renta baja o media paga tipos en torno al 20% por el fruto de su trabajo? ¿Qué mensaje sobre la cultura del esfuerzo personal y el estímulo al trabajo y la iniciativa privada, tan recurrentes en el discurso de la derecha, estaríamos enviando a la sociedad si permitiésemos semejante agravio comparativo? ¿Es que acaso otros impuestos como el IVA o transmisiones patrimoniales no generan problemas? ¿Por qué para la derecha los impuestos más problemáticos son sistemáticamente los que gravan en mayor medida a los más ricos? Contéstense ustedes mismos.