Tradicionalmente los economistas hemos justificado al Estado como el único instrumento capaz de conseguir soluciones cooperativas a problemas económicos y sociales que de otra manera no tendrían solución. La teoría de los fallos del mercado legitima la intervención del Estado en la economía restringiendo la libertad de los individuos a partir de la constatación de que, en determinadas situaciones, solamente los procesos de cooperación obligatoria a los que da lugar el Estado son eficaces para encontrar soluciones a necesidades sociales que en un contexto de libertad y competencia propio del mercado no encontrarían respuesta.
Esto ha llevado posiblemente a que, siempre que se a puesto en evidencia una respuesta insuficiente del mercado ante determinados problemas, el Estado haya intervenido interiorizando, organizando y financiando procesos y soluciones. Sin embargo las soluciones cooperativas no siempre han de ser incluidas necesariamente dentro de la estructura u organización estatal. Hace mucho que los economistas estamos familiarizados con distintas formas de intervención pública que van desde la producción directa de bienes y servicios a formulas más “externas” como la provisión o la regulación. Sin embargo todas ellas implican una importante dosis de obligatoriedad o el empleo de recursos públicos.
Mi intención en este post es llamar la atención sobre el papel del Estado como catalizador de la cooperación entre particulares, pero manteniendo dicha cooperación en el ámbito estrictamente privado y sin someterla necesariamente a su capacidad coactiva. De forma creciente observamos un nuevo papel del Estado en este sentido. Así por ejemplo cuando promueve la creación de clusters de empresas, de asociaciones de consumidores, etc. Un ejemplo de esto, que me impulso a intentar sistematizar mínimamente esta cuestión, lo oí en una comida reciente de labios de Alberto Ortiz de Zárate, jefe (de proyectos) de la oficina para la modernización de la administración del gobierno vasco. Alberto nos comentó como en el colegio de su barrio, durante las tardes, se habían empezado a reunir un nutrido grupo de inmigrantes de origen, si no recuerdo mal, ecuatoriano. Allí habían encontrado un espacio en el que jugar al voley, charlar o simplemente rodearse de compatriotas en un país que, al menos de momento, no es aún el suyo. El problema era que habían desplazado a los vecinos en el uso de las instalaciones y esto empezaba a generar problemas. El gobierno vasco optó por la mediación, más que por la imposición de algún tipo de solución, aunque, eso sí, siempre bajo la amenaza de una intervención pública final en caso de que fuesen capaces de resolver el problema dialogadamente. El resultado final fue que vecinos y ecuatorianos acordaron un plan de usos y horarios a satisfacción de todo el mundo. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero sirve para ilustrar como el Estado tiene capacidad para provocar nuevas formas de cooperación sin necesidad de interiorizar y burocratizar los procesos, y sin necesidad de aplicar siempre su capacidad coactiva, aunque, en este caso, el riesgo de una intervención pública, como el cierre del colegio por las tardes, sirviese de acicate a los agentes privados.
