Hace escasamente un año se hacían plenamente evidentes las consecuencias más negativas de un crecimiento incontrolado. La avidez mundial de materias primas provocaba una subida alarmante de los precios de los metales y del petróleo, pero también de otros recursos básicos como los cereales, con consecuencias desastrosas sobre las propias posibilidades de supervivencia de millones de personas. Los ciudadanos del "mundo desarrollado" habíamos llegado al extremo de quemar comida en los motores de nuestros automóviles, mientras en otros países los gobiernos pedían desesperadamente ayuda para alimentar a su población a organismos internacionales, como la FAO, incapaces de hacer frente con su presupuesto a la escalada de los precios. Este despropósito estaba, y sigue estando en gran medida, financiado con subvenciones públicas.
Pero no era ésta la única consecuencia de un modelo de crecimiento insostenible: los problemas medioambientales, especialmente todo lo relacionado con el "cambio climático" ocupaban uno y otro día las principales páginas de los periódicos, al igual que lo hacían la necesidad de construir nuevos vertederos o el daño que un urbanismo desproporcionado causaba en nuestras costas.
Muchas voces clamaban por una intervención de los poderes públicos que pusiese coto a todos esos excesos y, aunque dicha intervención nunca llegó, finalmente han sido las propias contradicciones y desatinos de un modelo de crecimiento equivocado las que han venido a frenar, al menos de momento, nuestra creciente propensión al despilfarro. El consumo de petróleo está cayendo, las ventas de automóviles se reducen y ya no edificamos muchas más viviendas de las necesarias, entre otras cosas porque han dejado de ser un elemento de inversión atractivo. Por fin los precios de los alimentos bajan y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero se frena.
Sin embargo a nadie se le escapan que esta crisis tiene también consecuencias tremendamente negativas, entre las que el aumento del desempleo ocupa sin lugar a duda el primer lugar. No hay discusión posible acerca de la necesidad de una decidida intervención pública encaminada a procurar la reactivación económica, pues ningún gobierno puede permanecer impasible ante una crisis de proporciones semejantes. La falta de confianza, de crédito, de inversión y de iniciativa que sufre el sector privado debe de ser suplida por el sector público. Pero con independencia de la urgencia que requiere la situación debemos plantearnos una pregunta ¿Para ir en qué dirección? ¿Es que acaso pretendemos seguir por el mismo camino que nos ha conducido hasta aquí o debemos buscar otra ruta? ¿Los problemas generados por la concesión irresponsable de créditos se solucionan con la concesión de más créditos en condiciones similares de insolvencia? ¿El empleo destruido en sectores como la construcción o la automoción debe ser recuperado en esos mismos sectores? Esperemos que no.
El Estado ha asumido inevitablemente, pues es el único capaz de hacerlo, la responsabilidad de sacarnos de este atolladero. Las circunstancias, o mejor dicho los propios fallos del mercado, han otorgado a lo público un nuevo liderazgo. Pero el Estado no puede ejercer dicho liderazgo simplemente para retrotraernos a la situación previa a la crisis, para llevarnos de vuelta a un modelo de crecimiento fallido, insostenible a medio y largo plazo.
Debemos darnos cuenta de que esta crisis, además de un gran problema, puede ser también una gran oportunidad, una oportunidad para corregir aquello que iba mal. En el futuro el crecimiento no debería venir de nuevo del consumo innecesario y medioambientalmente dañino de algunos bienes y servicios que se habían convertido en uno de los pilares básicos de nuestra economía. Los gobiernos deben aprovechar los instrumentos de que disponen para empujar la recuperación, tales como la política fiscal, social o industrial, para reorientar esta tendencia. La persecución coordinada de los paraísos fiscales, el gravamen de la riqueza y del consumo excesivo de energía, el aumento de la progresividad impositiva, podrían trasladar una parte de la demanda desde los que despilfarran hacia los que necesitan. Por otra parte existe aún una importante demanda de bienes y servicios públicos insatisfecha que es necesario identificar y proveer. El sistema de pensiones, la educación, la salud, el transporte público o la atención a las personas dependientes, entre otros muchos ejemplos posibles, realizan una aportación imprescindible y difícilmente cuantificable a lo que los economistas llamaríamos el bienestar social y, lo que es más importante, tienen aún un enorme potencial para seguir haciéndolo. Pero tampoco sería responsable reclamar un aumento de la oferta de bienes y servicios públicos sin al mismo tiempo reconocer la necesidad de importantes mejoras en la organización y el funcionamiento de la administración. Pues si el mercado tiene fallos también los tienen las instituciones.
Durante muchos años las bases del sistema se han ido discutiendo y contrastando. Poco a poco se han puesto en evidencia sus contradicciones éticas, geográficas, medioambientales o sociales. Pero mientras las cosas "funcionaban" no se dieron los incentivos necesarios para el cambio. Finalmente ha llegado el momento de reinventar el futuro. Esperemos haber aprendido algo.
