Decía José Borrel que cuando hablamos de impuestos hablamos de política con mayúsculas, y el debate en torno a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un buen ejemplo de ello. Pocas cosas como el sistema fiscal propuesto definen sin ambigüedades la postura de un partido con respecto a cuestiones marcadamente políticas, tales como el papel de la iniciativa privada en la generación de la riqueza, o la idea de “equidad social” conforme a la cual se ha de llevar a cabo la distribución de la renta.
En los últimos meses el PP asturiano ha defendido públicamente la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), en línea con las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas en las que gobierna. Por el contrario el PSOE ha rechazado la eliminación del impuesto y ha optado por el establecimiento de determinadas bonificaciones y reducciones que mitiguen sus supuestos más gravosos. Así por ejemplo las herencias recibidas por descendientes menores de 21 años, las inferiores a 125.000 euros, la herencia de la vivienda habitual o de empresas individuales y negocios profesionales cuyo valor no exceda de 3 millones de euros quedan prácticamente exentas del impuesto.
Es mi intención hacer algunas valoraciones acerca de la conveniencia de mantener el ISD. Sin embargo me resisto a caer en la trampa que supone discutir la eliminación de un impuesto aisladamente, sin situarla en el contexto general de la discusión sobre política fiscal.
En primer lugar porque todo impuesto resulta, por principio, impopular, por lo que proponer su eliminación sin explicar cómo se compensará la perdida de recaudación sufrida, además de ventajista, asegura un cierto grado de simpatía de ante mano.
Pero sobre todo porque el PP ha ocultado en los últimos años, bajo un discurso que en apariencia defiende una bajada general de impuestos como forma de estimular el desarrollo económico, un aumento de la presión fiscal y un ataque en toda regla a aquellos impuestos de naturaleza más redistributiva. Desde 1996 se han esforzado en hacernos creer que es bueno bajar los impuestos, y que estos son, por definición, perjudiciales para la economía. Argumento éste al que, lamentablemente, parece haber arrastrado a una buena parte de una clase política con poca vocación para la pedagogía. Sin embargo este mensaje dista mucho de la realidad de sus actuaciones, pues, de hecho, durante los años de gobierno popular, y de acuerdo con la OCDE, la presión fiscal aumentó en España del 31,5% del PIB en 1996 al 35,1% en 2004.
La conclusión no puede ser otra que el PP no es en realidad partidario de bajar los impuestos, sino tan sólo algunos. Cuáles y porqué es realmente la pregunta. Si acudimos de nuevo a las estadísticas veremos que en el período 1996-2004, el PP se ha esforzado especialmente en reducir el peso relativo del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tras dos reformas sucesivas ha pasado de recaudar el 7,2% al 6,2% del PIB, mientras que el peso de los demás impuestos principales aumenta considerablemente, pasando por ejemplo el IVA de recaudar el 5,1% al 6,1% del PIB.
Traduciendo dicha opción al lenguaje político podemos decir que el PP ha optado por trasvasar parte de la carga fiscal de impuestos con un carácter redistributivo, en los que la cuantía pagada se incrementa progresivamente en función de la renta, hacia otros en los que los tipos de gravamen no están condicionados por el nivel de recursos de los contribuyentes. Es en este contexto en el que debemos valorar la propuesta de eliminación del otro impuesto claramente redistributivo que existe, el impuesto de sucesiones y donaciones. Pues de esta forma los populares perseveran en el doble objetivo de escenificar por un lado una postura falsamente favorable a la rebaja de impuestos, mientras siguen procurando alcanzar un sistema fiscal cada vez menos progresivo.
Para ello han utilizado además algunos argumentos que quizás puedan confundir a buena parte de la ciudadanía, pero de muy escaso rigor. Así se ha argumentado que el ISD genera “doble imposición”. Pero en realidad doble imposición supone gravar dos veces a una misma persona por una misma razón. Es evidente que en el caso del impuesto de sucesiones fallecido y heredero son personas distintas, como lo es también el origen de las rentas por las que tributan, por lo que difícilmente podemos hablar de doble imposición. Si renunciamos a un mínimo rigor y optamos por planteamientos más “ligeros” entonces deberíamos hablar también de doble imposición en todos los demás impuestos existentes, incluso de una manera más rotunda. Así por ejemplo, y siempre de acuerdo con dicho argumento, el IRPF, el IVA o el impuesto sobre el patrimonio darían lugar a doble imposición, pues una misma persona paga impuestos por la renta que gana, vuelve a pagar cuando la emplea en su consumo y también cuando el excedente acumulado conforma un patrimonio o produce un rendimiento.
Otros inconvenientes argumentados, tales como las dificultades generadas por el impuesto a la hora del relevo generacional en las pequeñas empresas familiares, o el gravamen de la vivienda habitual, han quedado solucionados con las bonificaciones y reducciones introducidas en nuestra comunidad y ya comentadas. Mientras que el argumento de la competencia fiscal entre Comunidades, en realidad, donde debería llevarnos, es a considerar la posibilidad de retirar las competencias normativas sobre el ISD a las Comunidades Autónomas. Por lo que para terminar, en vez de continuar contraargumentando razonamientos ajenos, me parece más interesante plantear algunas preguntas. ¿Qué idea de justicia social puede justificar que una persona que no haya trabajado en su vida pueda recibir una herencia de 10 ó 100 millones de euros sin tener que pagar impuestos por ello, mientras que un trabajador de renta baja o media paga tipos en torno al 20% por el fruto de su trabajo? ¿Qué mensaje sobre la cultura del esfuerzo personal y el estímulo al trabajo y la iniciativa privada, tan recurrentes en el discurso de la derecha, estaríamos enviando a la sociedad si permitiésemos semejante agravio comparativo? ¿Es que acaso otros impuestos como el IVA o transmisiones patrimoniales no generan problemas? ¿Por qué para la derecha los impuestos más problemáticos son sistemáticamente los que gravan en mayor medida a los más ricos? Contéstense ustedes mismos.
En los últimos meses el PP asturiano ha defendido públicamente la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), en línea con las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas en las que gobierna. Por el contrario el PSOE ha rechazado la eliminación del impuesto y ha optado por el establecimiento de determinadas bonificaciones y reducciones que mitiguen sus supuestos más gravosos. Así por ejemplo las herencias recibidas por descendientes menores de 21 años, las inferiores a 125.000 euros, la herencia de la vivienda habitual o de empresas individuales y negocios profesionales cuyo valor no exceda de 3 millones de euros quedan prácticamente exentas del impuesto.
Es mi intención hacer algunas valoraciones acerca de la conveniencia de mantener el ISD. Sin embargo me resisto a caer en la trampa que supone discutir la eliminación de un impuesto aisladamente, sin situarla en el contexto general de la discusión sobre política fiscal.
En primer lugar porque todo impuesto resulta, por principio, impopular, por lo que proponer su eliminación sin explicar cómo se compensará la perdida de recaudación sufrida, además de ventajista, asegura un cierto grado de simpatía de ante mano.
Pero sobre todo porque el PP ha ocultado en los últimos años, bajo un discurso que en apariencia defiende una bajada general de impuestos como forma de estimular el desarrollo económico, un aumento de la presión fiscal y un ataque en toda regla a aquellos impuestos de naturaleza más redistributiva. Desde 1996 se han esforzado en hacernos creer que es bueno bajar los impuestos, y que estos son, por definición, perjudiciales para la economía. Argumento éste al que, lamentablemente, parece haber arrastrado a una buena parte de una clase política con poca vocación para la pedagogía. Sin embargo este mensaje dista mucho de la realidad de sus actuaciones, pues, de hecho, durante los años de gobierno popular, y de acuerdo con la OCDE, la presión fiscal aumentó en España del 31,5% del PIB en 1996 al 35,1% en 2004.
La conclusión no puede ser otra que el PP no es en realidad partidario de bajar los impuestos, sino tan sólo algunos. Cuáles y porqué es realmente la pregunta. Si acudimos de nuevo a las estadísticas veremos que en el período 1996-2004, el PP se ha esforzado especialmente en reducir el peso relativo del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tras dos reformas sucesivas ha pasado de recaudar el 7,2% al 6,2% del PIB, mientras que el peso de los demás impuestos principales aumenta considerablemente, pasando por ejemplo el IVA de recaudar el 5,1% al 6,1% del PIB.
Traduciendo dicha opción al lenguaje político podemos decir que el PP ha optado por trasvasar parte de la carga fiscal de impuestos con un carácter redistributivo, en los que la cuantía pagada se incrementa progresivamente en función de la renta, hacia otros en los que los tipos de gravamen no están condicionados por el nivel de recursos de los contribuyentes. Es en este contexto en el que debemos valorar la propuesta de eliminación del otro impuesto claramente redistributivo que existe, el impuesto de sucesiones y donaciones. Pues de esta forma los populares perseveran en el doble objetivo de escenificar por un lado una postura falsamente favorable a la rebaja de impuestos, mientras siguen procurando alcanzar un sistema fiscal cada vez menos progresivo.
Para ello han utilizado además algunos argumentos que quizás puedan confundir a buena parte de la ciudadanía, pero de muy escaso rigor. Así se ha argumentado que el ISD genera “doble imposición”. Pero en realidad doble imposición supone gravar dos veces a una misma persona por una misma razón. Es evidente que en el caso del impuesto de sucesiones fallecido y heredero son personas distintas, como lo es también el origen de las rentas por las que tributan, por lo que difícilmente podemos hablar de doble imposición. Si renunciamos a un mínimo rigor y optamos por planteamientos más “ligeros” entonces deberíamos hablar también de doble imposición en todos los demás impuestos existentes, incluso de una manera más rotunda. Así por ejemplo, y siempre de acuerdo con dicho argumento, el IRPF, el IVA o el impuesto sobre el patrimonio darían lugar a doble imposición, pues una misma persona paga impuestos por la renta que gana, vuelve a pagar cuando la emplea en su consumo y también cuando el excedente acumulado conforma un patrimonio o produce un rendimiento.
Otros inconvenientes argumentados, tales como las dificultades generadas por el impuesto a la hora del relevo generacional en las pequeñas empresas familiares, o el gravamen de la vivienda habitual, han quedado solucionados con las bonificaciones y reducciones introducidas en nuestra comunidad y ya comentadas. Mientras que el argumento de la competencia fiscal entre Comunidades, en realidad, donde debería llevarnos, es a considerar la posibilidad de retirar las competencias normativas sobre el ISD a las Comunidades Autónomas. Por lo que para terminar, en vez de continuar contraargumentando razonamientos ajenos, me parece más interesante plantear algunas preguntas. ¿Qué idea de justicia social puede justificar que una persona que no haya trabajado en su vida pueda recibir una herencia de 10 ó 100 millones de euros sin tener que pagar impuestos por ello, mientras que un trabajador de renta baja o media paga tipos en torno al 20% por el fruto de su trabajo? ¿Qué mensaje sobre la cultura del esfuerzo personal y el estímulo al trabajo y la iniciativa privada, tan recurrentes en el discurso de la derecha, estaríamos enviando a la sociedad si permitiésemos semejante agravio comparativo? ¿Es que acaso otros impuestos como el IVA o transmisiones patrimoniales no generan problemas? ¿Por qué para la derecha los impuestos más problemáticos son sistemáticamente los que gravan en mayor medida a los más ricos? Contéstense ustedes mismos.
