PNA Derechos de Emisión 2008-12

El plan nacional de asignación de derechos de emisión 2008-2012 se enmarca dentro de la directiva europea que establece el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. No es mi intención comentar de manera exhaustiva ni uno ni otra, sino únicamente poner de relieve algunos puntos interesantes.

1) La asignación de derechos de emisión es gratuita. Algunas organizaciones ecologistas e incluso algunas empresas como Iberdrola, aunque por razones distintas, solicitaron que se cobrasen dichos derechos. Sin embargo finalmente no ha sido así. La razón hay que buscarla en primer lugar en que la propia directiva europea obliga a repartir gratuitamente al menos un 90% de los derechos de emisión. Es fácil de entender que a partir de ahí, y para no generar agravios comparativos y polémicas, se haya optado por el reparto gratuito de la cuota disponible, ya de por sí escasa para las pretensiones de los emisores, especialmente de los generadores de electricidad.

2) En la asignación se ha intentado favorecer a los sectores más expuestos a la competencia exterior, es decir al sector industrial, en detrimento del de generación eléctrica. Esto es razonable si se tiene en cuenta que el incremento de los costes en el sector industrial perjudica la industria nacional y aumenta el riesgo de deslocalización, en cambio dicho riesgo no existe en el sector eléctrico. Por otra parte el sector eléctrico tiene un margen considerable para reducir sus emisiones mediante inversiones en tecnologías y procesos de generación más limpios. Finalmente la capacidad del sector eléctrico para repercutir el aumento de costes a los precios es también mayor.

3) A pesar de sus quejas por la cuantía final de derechos asignados, la asignación de gratuita de derechos de emisión supone una barrera de entrada que favorece a los actuales emisores. Aunque existe una reserva de derechos para nuevos entrantes pendiente de asignar, ésta es sólo del 5,4% del total, por lo que presumiblemente será insuficiente.

4) Existe un sector difuso de emisores no individualizados y no sometidos al plan nacional de asignación, que supone el 55% de las emisiones. Es necesario concretar que planes se van a poner en marcha para reducir las emisiones de dicho sector.

5) Al contrario de lo que algunos políticos o líderes sindicales regionales han manifestado, no existen regiones perjudicadas o favorecidas. Esto es así en primer lugar porque el sector industrial tiene asignaciones gratuitas suficientes. En lo que se refiere al sector eléctrico, como ya se ha dicho, no hay riesgo de deslocalizacion, por lo que su actividad se va a mantener allí donde está. No hay ninguna ventaja en llevarse una planta de carbón de Asturias a Jaén, Lisboa o Burdeos, pues no va a suponer más derechos gratuitos. Ni es posible traer la energía de la India, las mermas en el transporte lo hacen inviable. Tampoco hay riesgo de cierre, la actividad sigue siendo rentable y a medio plazo los costes de migrar hacia tecnologías más limpias se repercutirán en el precio de la electricidad. Por lo tanto no hay ninguna base para exigir compensaciones para determinadas regiones.