Excesos y complejos: el tabú del urbanismo

La sociedad en general, y la izquierda en particular, tiene miedo a analizar el problema de la vivienda desde una óptica de mercado. Es como si un análisis realista del asunto, que identificase las verdaderas fuerzas que determinan el precio de la vivienda con el fin de actuar sobre ellas, fuese algo impuro, propio de especuladores. Tenemos miedo a hablar de oferta y demanda, precios de equilibrio, beneficios extraordinarios y cualquier otra cosa que pueda dar la impresión de que en un tema tan delicado nos resignamos a los dictados del capitalismo o, incluso algo peor, nos sumamos a él.

Así por ejemplo se ha instalado la mayor parte de la ciudadanía la idea de que es algo perverso que los ayuntamientos puedan beneficiarse de la revalorización del suelo que poseen. Parece asumindo, casi un principio moral, que las administraciones deben vender su suelo barato, pues supuestamente así contribuyen a moderar el precio de las viviendas. Pero lo cierto es que lo único que se consigue malvendiendo el patrimonio público es que sean los promotores los que se apropien de los beneficios de la actividad urbanizadora, olvidando que son las administraciones, principalmente los ayuntamientos, los que le dan valor al suelo mediante los servicios que proporcionan y a los que dedican buena parte de sus recursos.

Claro que con la que está cayendo ¿qué alcalde se atreve a obtener importantes beneficios en la venta de un terreno público? pero yo me pregunto ¿es acaso mejor que sea un empresario el que se apropie de esa plusvalía? ¿no es más susceptible de corrupción una venta en beneficio de un particular que en beneficio de todo un municipio?

Lamentablemente esa forma "temerosa" de pensar ya está instalada incluso en la legislación. En la ley asturiana del suelo se prohíbe por ejemplo la venta de suelo público mediante subasta si tiene una calificación apropiada para usos residenciales, obligando en este caso a la construcción de vivienda protegida aunque su situación o tipología no sea en absoluto apropiada para la edificación de este tipo de vivienda. Como consecuencia de ello se corre el riesgo de acabar finalmente permutando dicho suelo por otros de un valor muy inferior, pues obviamente el "mercado" de permutas es mucho más imperfecto, menos transparente y ofrece menos oportunidades. Si por ejemplo un ayuntamiento poseyese suelo en la zona residencial más cara de la ciudad apto para construir 100 viviendas unifamiliares. ¿Tendría sentido construir 100 "chalets" protegidos? ¿Por qué la ley no permite vender ese terreno en subasta para dedicar esos recursos a construir no 100 sino 400 viviendas protegidas en otro sitio? Es necesario reflexionar y darse cuenta que sólo con un planteamiento realista del asunto, y aprovechando, desde la honradez, pero sin complejos, todos los recursos de que disponemos podremos darle una solución al problema de la vivienda.

Pero junto con los “complejos ideológicos” mencionados, a veces también tomamos decisiones difíciles de explicar. Pienso por ejemplo en expropiaciones de suelo en beneficio de empresas mixtas, en las que un porcentaje importante aunque minoritario del capital, y del beneficio, corresponde al sector privado. O la discriminación a favor de la compra y en detrimento del alquiler de las deducciones fiscales.

Por todo ello, y aunque este sea además un asunto de cierta complejidad técnica, es necesario romper el tabú y hablar más de urbanismo, sin complejos, sin prejuicios, y con el espíritu abierto y constructivo con el que normalmente abordamos la discusión política.

Dada la dificultad “técnica” del tema agradezco cualquier corrección sobre las afirmaciones hechas.