Una de las razones por las que creo que el alquiler es mejor que la venta cuando hablamos de viviendas de protección oficial es la corrupción que es susceptible de generarse en este último caso, normalmente de consecuencias irreversibles. Muchas viviendas de protección oficial no se venden a personas que cumplan los requisitos necesarios ni por los precios oficialmente estipulados. En algunas comunidades autónomas, como Madrid, es frecuente que constructores, adjudicatarios y agencias inmobiliarias exijan importantes cantidades de dinero B como pago suplementario para tener acceso a una de estas viviendas. Es el riesgo de vender algo a un precio inferior al mercado sin los controles necesarios: aparece un mercado negro en el que algunos son capaces de apropiarse de las subvenciones implícitas en los precios regulados. En otros casos los beneficiarios obtienen sus viviendas no en virtud de pagos ilegales suplementarios sino gracias a sus relaciones con las cooperativas adjudicatarias del suelo. Es urgente un sistema de adjudicación transparente, unificado y controlado para toda España. Si alguien duda de las afirmaciones realizadas puede ver el siguiente video de youtube gravado en la Comunidad de Madrid. A la vista del video vuelvo a plantearme algo ya comentado en un post anterior: ¿de qué vale que los ayuntamientos vendan su suelo barato a los promotores si al final algunos se comporta así?
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